La vivienda y la situación de las personas sin vivienda

Nacida, criada y aun viviendo en Highland Park, Ysabel ha visto cómo ha cambiado su vecindario: sus vecinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y los negocios que tuvieron mucho tiempo allí se vieron obligados a cerrar sus puertas debido al aumento de los alquileres gracias a los promotores inmobiliarios de lujo. Esta experiencia la motivó a convertirse en abogada de derechos de vivienda enfocada en combatir el desplazamiento causada por la gentrificación. Durante lo peor de la pandemia, Ysabel trabajó con inquilinos de bajos salarios en todo Los Ángeles como abogada defensora de desalojos, pasó horas incontables apoyando a familias vulnerables y se puso su vida en riesgo para evitar los desalojos de sus clientes.

Ysabel actualmente trabaja como abogada comunitaria y se dedica a crear una economía solidaria, que incluye formar cooperativas de vivienda, imaginar terrenos sin propietarios, apoyar a empresas familiares y devolver terrenos a los pueblos indígenas. Diseña estrategias que deshacen la mercantilización del terreno, retirarlo del mercado y mantener asequibles los recursos comunitarios. Dentro del distrito, ha brindado apoyo legal a la Cooperativa de justicia de vivienda El Sereno, trabajado con el Fideicomiso comunitario de El Sereno y formado parte de la junta directiva del Fideicomiso comunitario Tierra Libre en Boyle Heights.

Ysabel cree que una vivienda segura y digna es un derecho humano. En una de las ciudades más ricas del país más rico en la historia del planeta, no hay razón para que algún residente este durmiendo en la calle o decidiendo entre tener que comprar comida o pagar un alquiler. Para lograr esta visión de justicia, Ysabel está comprometida con las siguientes políticas:

• Reconocer el derecho fundamental a la vivienda para todos los residentes de Los Ángeles: Los legisladores de California están tratando de asegurar que la constitución del estado incluya el derecho a la vivienda. Pero ese es un proceso lento y que probablemente no se aprobará. Es hora de que Los Ángeles lidere.
• Vincular el control de alquileres a los salarios reales: En este momento, los aumentos en el alquiler de unidades con alquiler controlado están dictados por los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Pero el límite más bajo que la ciudad puede imponer a los aumentos de alquiler en unidades con alquiler controlado es del 3%. El INPC sólo aumentó un 3% una vez en la última década, lo que significa que a las unidades de alquiler controlado se les ha permitido aumentar su precio mucho más allá de la inflación. Ésta es una política mal pensada. No se debe permitir un aumento mínimo del 3% cuando el INPC es aun más bajo. Los alquileres de estas unidades deberían estar vinculados a los salarios reales, de modo que los alquileres no aumenten hasta que lo hagan nuestros salarios.
• Debemos dar a todos los inquilinos de Los Ángeles el derecho a un abogado, incluidos nuestros residentes indocumentados. La mayoría de los inquilinos que enfrentan desalojos en Los Ángeles no tienen representación legal, lo que los pone en riesgo de perder su vivienda, incluso en situaciones en las que no tuvieron la culpa. Actualmente, aproximadamente el 90% de los propietarios se presentan en corte con un abogado, mientras que sólo el 10% de los inquilinos cuentan con abogados cuando tratan cuestiones de vivienda. Los propietarios tienen una ventaja injusta. La ciudad debe brindar asesoramiento a cualquier persona que lo solicite, sin importar sus ingresos o su estatus de ciudadanía. El derecho civil a un abogado ayudará a prevenir desalojos masivos y promover la equidad racial. El derecho a un abogado ya se ha aprobado en San Francisco y Nueva York. El efecto ha sido dramático: en Nueva York, los desalojos disminuyeron en un 11% y los inquilinos que recibían ayuda legal tenían un 84% de posibilidades de poder quedarse en sus hogares.
• Organización de inquilinos: La puerta de Ysabel permanecerá abierta para los inquilinos del distrito. Establecerá ayuntamientos y reuniones comunitarias periódicas donde los inquilinos podrán expresar sus inquietudes, preguntas e ideas. Apoyará y colaborará activamente con sindicatos de inquilinos y organizaciones comunitarias para ayudar a los residentes a organizarse.
• Declaración de derechos del inquilino: Ysabel colaborará con grupos de defensa de inquilinos para establecer una Declaración de derechos de inquilinos que describa los derechos y las responsabilidades tanto de los inquilinos como de los propietarios. Esto brindará a los inquilinos información sobre sus derechos y opciones para solicitar restitución en casos de disputas. Todos los inquilinos en Los Ángeles tienen derecho a una vivienda asequible, segura y habitable, libre de acoso y discriminación.
• Poner fin a las redadas violentas en campamentos de personas sin vivienda: La ordenanza municipal 41.18 y las redadas violentas en campamentos de personas sin vivienda son inhumanas y contraproducentes. Solo empeoran los desafíos que enfrentan nuestros vecinos sin vivienda, empujándolos aún más hacia los márgenes de la sociedad, volviendo a traumatizar a una comunidad ya muy traumatizada y resultando en la pérdida de documentos importantes como las tarjetas de identificación o los pasaportes y medicamentos críticos como la insulina. Ysabel luchará para poner fin a estas redadas y en cambio reemplazarlas con alternativas compasivas, como centros de recursos comunitarios con acceso a saneamiento, atención médica y servicios sociales.
• Baños públicos para todos: Nuestros vecinos sin vivienda se encuentran entre los miembros más vulnerables de nuestra comunidad y negarles el acceso a baños limpios y seguros solo empeora sus ya terribles circunstancias. Para abordar la falta de baños públicos en el Distrito 14, Ysabel asignará fondos dedicados para establecer una red de baños públicos accesibles y bien mantenidos en todo el distrito, con un enfoque en las áreas donde la falta de vivienda es más frecuente.
• Protecciones contra el acoso: El acoso por parte de los propietarios es un problema común que enfrentan los inquilinos en nuestro distrito. Ysabel trabajará para fortalecer las protecciones contra el acoso a través de la creación de un sistema de denuncia que permita a los inquilinos – no importa su estatus – presentarse sin temor a represalias. Esto incluirá recursos legales para los inquilinos que enfrentan acoso, así como medidas punitivas para los propietarios que demuestren tal comportamiento.
• Hacer cumplir con el código de vivienda: Las condiciones de vivienda descuidadas y deficientes afectan desproporcionadamente a las comunidades marginadas, especialmente a los residentes indocumentados que tienen demasiado miedo de reclamar por temor a la deportación. Ysabel trabajará para mejorar los esfuerzos de cumplimiento del código, asegurando que los propietarios sean responsables de mantener condiciones de vida seguras y habitables. Esto incluye aumentar el número de inspectores, establecer un sistema de quejas receptivo e implementar sanciones más estrictas para los infractores.
• Ampliar los esfuerzos de extensión a las personas sin vivienda: Ysabel asignará fondos para apoyar a organizaciones que trabajan directamente con las personas sin vivienda para conectarlas con recursos, refugio y servicios. Estas organizaciones tienen experiencia y conocimientos invaluables sobre las necesidades de nuestros vecinos sin vivienda y sus esfuerzos deben ser financiados y reconocidos adecuadamente. Ayudar a nuestros vecinos sin vivienda a conseguir viviendas seguras y dignas comienza con ellos recuperando la confianza en un sistema que los ha defraudado una y otra vez y estas organizaciones son los verdaderos mensajeros confiables de nuestro distrito.
• Un salario digno para los empleados de LAHSA: Ysabel está comprometida a luchar para asegurar que los trabajadores de la Autoridad de servicios para personas sin vivienda de Los Ángeles (o LAHSA, por sus siglas en inglés) reciban un salario digno. Es inaceptable que las personas que se dedican a ayudar a quienes no tienen vivienda también se les haga difícil pagar el alquiler. Al garantizar una compensación justa, podemos atraer y retener profesionales que puedan brindar apoyo eficaz a las personas sin vivienda.
• Impuestos sobre desocupaciones y tarifas de especulación: Para disuadir a los propietarios corporativos de dejar propiedades desocupadas o participar en prácticas especulativas, Ysabel abogará por impuestos sobre desocupaciones y tarifas de especulación.
• Aumentar el financiamiento para fideicomisos de tierras comunitarias: Los fideicomisos de tierras comunitarias adquieren y administran propiedades para el beneficio colectivo de la comunidad, lo que evita que los propietarios corporativos controlen el parque de viviendas y permite a los residentes tener voz directa en la administración de propiedades y las decisiones de desarrollo. Como ex miembro de la junta directiva de California CLT Action con amplia experiencia trabajando con fideicomisos de tierras comunitarias locales, Ysabel comprende el papel que deben desempeñar para mantener bajos los precios de la vivienda. Podemos asignar tierras excedentes para que sean administradas por fideicomisos y hacer que la ciudad compre edificios vacíos para convertirlos en viviendas también administradas por fideicomisos. Finalmente, Los Ángeles tiene la oportunidad de ayudar con el financiamiento del desarrollo de viviendas facilitado por fideicomisos. Ysabel buscará todas estas opciones una vez elegida al concejo municipal.
• Apoyar a los inquilinos en la formación de cooperativas de vivienda: Empoderar a los inquilinos para que compartan la propiedad de sus edificios y administren sus viviendas a través de modelos cooperativos no sólo crea un sentido de comunidad, sino que también desafía el dominio que tienen los propietarios motivados solo por las ganancias. A través de su trabajo, Ysabel ha ayudado a crear cooperativas de vivienda y las ha apoyado con asistencia legal.
• Vivienda Social y de Propiedad Comunitaria: Ysabel cree en la ampliación de las opciones de vivienda pública y de propiedad comunitaria para actuar en oposición al dominio de entidades motivados solo por las ganancias. Al invertir en proyectos de vivienda social administrados por la comunidad, podemos asegurar la asequibilidad a largo plazo y prevenir el desplazamiento.